El pueblo palestino, que desde el inicio de la Nakba en 1948 sufre una opresión, un desplazamiento y una desposesión institucionalizados, sigue experimentando una Nakba constante, una realidad permanente del colonialismo de asentamiento y de apartheid israelíes. Desde el 3 de noviembre de 2020 las autoridades de ocupación israelíes han atacado, allanado y demolido seis veces una comunidad palestina del valle del Jordán, Humsa al-Fawqa.
Las 11 familias palestinas que residen actualmente en Khirbet Humsa al-Fawqa, situada en lo que Israel ha declarado “zona de tiro”, están sometidas al discriminatorio sistema de planificación urbanística y de concesión de licencias de Israel que ha hecho casi imposible obtener de permisos de construcción para edificios residenciales y comerciales en el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental. En particular, Israel se ha apropiado del 18 por ciento de Cisjordania como ‘zonas de tiro’, dejando a unos 6.200 personas palestinas que viven allí bajo amenaza de desplazamiento forzado.
El valle del Jordán, que contiene unas reservas vitales para la expansión natural de los pueblos y ciudades palestinos , y que constituye el centro de los recursos naturales palestinos, es clave para el proyecto israelí de asentamiento colonial. Las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) someten con frecuencia a la población palestina residente en Khirbet Humsa al-Fawqa a allanamientos y ataques , y demolieron y confiscaron sus casas y otros edificios de la comunidad en los años 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, y ahora en 2021. En noviembre de 2020 las autoridades de ocupación israelíes llevaron a cabo lo que se describió como “el mayor incidente de desplazamiento forzado en más de cuatro años”, que dejó sin hogar en medio de una pandemia global a 72 personas palestinas protegidas, 38 de las cuales eran niños y niñas. Solo en el mes de febrero de 2021 las FOI allanaron la comunidad palestina cinco veces, y demolieron y confiscaron las casas de once familias palestinas. 
Al diseñar e implementar sistemáticamente unas políticas de desplazamiento y desposesión elaboradas para trasladar por la fuerza a personas palestinas y sustituirlas por personas colonas israelíes con el fin de continuar con el proyecto de asentamiento colonial y el régimen de apartheid de Israel, este sigue violando los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho inalienable a la autodeterminación y su derecho al retorno, al mismo tiempo que sigue disfrutando de una ilegal tradición de impunidad.
La comunidad internacional, incluidos la Unión Europea, la Organización de Cooperación Islámica, miembros actuales e anteriores del Consejo de Seguridad,  Irlanda, Bélgica, Francia y Reino Unido, ha condenado las demoliciones que Israel ha llevado a cabo en Khirbet Humsa al-Fawqa, ha puesto de relieve que estos ataques son ilegales y ha señalado los terribles problemas humanitarios que ocasionan dichas demoliciones. Al reconocer que las estructuras demolidas han sido financiadas por la comunidad internacional como parte de su “apoyo humanitario a las personas palestinas que corren peligro de ser trasladadas por la fuerza a Cisjordania”, las organizaciones firmantes afirman que la ayuda humanitaria debe seguir siendo un apoyo temporal y a corto plazo, ya que la comunidad internacional no debe dejar de reconocer las causas fundamentales de la ocupación: el régimen colonial y de apartheid israelí, y las políticas y prácticas sistemáticas que van asociadas a él.
Además de recalcar la necesidad de acabar con la imperante tradición de impunidad de Israel, Michael Lynk, el Relator Especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, y Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto, acogieron con satisfacción “el apoyo que han prestado a los habitantes de Humsa Al-Bqai'a los representantes diplomáticos en Palestina e Israel” pero insistieron en que “sus gobiernos deben hacer mucho más para incidir en las responsabilidades de Israel, que es la clave que falta para acabar con esta prolongada ocupación”. 
La tradición de impunidad de Israel ha permitido, además, a varias empresas beneficiarse de la prolongada ocupación israelí y que se perpetren graves violaciones de los derechos humanos. Al-Haq y Stop the Wall han identificado a los bulldózeres JCB y CAT que ayudan a las autoridades de ocupación israelíes a llevar a cabo sus ataques contra Khirbet Humsa al-Fawqa. En particular, JCB ya ha sido incluida en la base de datos de la ONU entre las 112 empresas israelíes e internacionales que operan en las ilegales colonias israelíes situadas en tierra palestina. Además, United Kingdom National Contact Point [Punto Nacional de Contacto del Reino Unido] está investigando actualmente a JCB por su implicación en las violaciones de los derechos humanos de las y los palestinos, aunque esta empresa sigue proporcionando maquinaria para contribuir a los crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados e instigarlos. 
Las recientes decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que afirman que la Corte tiene plena jurisdicción territorial sobre el territorio palestino ocupado, es decir, Cisjordania, incluidos Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, y de la Fiscalía de la CPI sobre el inicio de una investigación penal integral sobre la situación en Palestina suponen un paso fundamental para acabar con la impunidad y ratificar el derecho internacional, al tiempo que se garantiza la dignidad del pueblo palestino al que se continúa denegando su derecho a la autodeterminación y que está sometido dentro de la jurisdicción de la Corte a, entre otras cosas, un régimen criminal de apartheid, al desplazamiento forzoso, al traslado de población, a una enorme destrucción y apropiación de bienes, y al saqueo,. 
Los continuos ataques a Humsa al-Fawqa reflejan la falta de voluntad de Israel de acatar sus obligaciones legales vinculantes en su condición de potencia ocupante y el hecho de que los terceros Estados no acaben con la impunidad de Israel mina aún más el derecho internacional.
En consecuencia, reiteramos nuestros llamamientos:
•    al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas para que reconozca y denuncie las políticas de Israel contra todo el pueblo palestino, incluidas las demoliciones de Humsa al Fawqa, como crímenes de guerra de una Potencia Ocupante, violación del derecho palestino a la autodeterminación y constituyendo el crimen de apartheid.
•    al CDH para que establezca una misión independiente de investigación del CDH sobre el régimen de apartheid de Israel y las obligaciones asociadas de los estados, organizaciones internacionales y empresas comerciales.
•    a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que desarrolle de manera transparente la base de datos de la ONU sobre empresas involucradas en la empresa de asentamientos ilegales de Israel.
•    a la comunidad internacional para que recurra a todos los mecanismos de los que dispone para lograr la justicia internacional y exigir responsabilidades y, en particular, para que intervenga inmediatamente con el fin de sancionar económicamente a Israel y de exigir responsabilidades penales a aquellos individuos, incluidos los actores empresariales, que puedan haber cometido crímenes de guerra en Humsa al-Fawqa, cuando estén presentes en su territorio o sean nacionales del Estado parte. 
•    a todos los Estados que forman parte del Estatuto de Roma y a los terceros Estados para que apoyen públicamente a Fiscalía de la CPI y cooperen plenamente con ella acorde con sus obligaciones estipuladas en el Artículo 86 del Estatuto de Roma y en línea con el Artículo 1 Común a los Cuatro Convenios de Ginebra para garantizar la detención y comparecencia en La Haya de las personas investigadas y acusadas de crímenes internacionales, y para impedir que se sigan perpetrando crímenes internacionales contra el pueblo palestino.